Deuda Pública a 100 Años - Parte 2

01 julio 2017 remove_red_eye1699

Con fecha 28.6 – 10 días después de emitida una escueta comunicación de prensa que

daba cuenta del hecho y cuando crecía la inquietud por la falta de informaciones oficiales

oportunas al respecto - el Boletín Oficial publicó la Resolución 97-E/2017 del Ministerio de

Finanzas (MF) que respalda la colocación del Título Público a 100 años de plazo: el

denominado Bono Internacional 7.125 % Vto. 2117.

Esta resolución ministerial está acompañada por seis extensos anexos jurídico-financieros

que contienen información detallada sobre la operación y cuya lectura pormenorizada –

por razones de tiempo y trabajo - todavía no pudo ser completada por parte del autor.

El tema, sin embargo, en lo básico ya fue planteado y tratado en un trabajo anterior

nuestro - titulado “Deuda Pública a 100 años” (del 20.6) - escrito apenas conocida la

noticia y que ahora es ampliado, en función de los nuevos datos editados, a través de la

presente nota, por lo que no va a repetirse aquí lo dicho en esa oportunidad ya que se da

por conocido, salvo algunas ideas-eje que ameriten reiterarse o profundizarse.

ASPECTOS FINANCIEROS ESPECIFICOS

Colocar Deuda a 100 años carece de lógica y de racionalidad financiera: ¿qué significa

contraer obligaciones con vencimiento a un siglo de distancia?, ¿qué explica y qué

justifica una emisión de esta naturaleza hoy para la Argentina?, ¿dónde está la

demostración técnica y cuál ha sido la metodología de cálculo utilizada para fundamentar

la hipotética capacidad de repago de tales obligaciones dentro de un siglo?, ¿cuál es la

supuesta ventaja de dicha colocación de bonos públicos en las condiciones en que se ha

efectuado?, ¿con qué criterio se determina una emisión de deuda a 50, 100 ó 200 años

de plazo? ..., en síntesis, ¿quién y cómo se hace cargo de demostrar debidamente la

conveniencia técnica de la operación y quién y cómo se hace responsable por el

cumplimiento de las obligaciones así contraídas a tan largo plazo?.

El gobierno Macri – principalmente a través del Ministro de Finanzas Caputo pero también

del Jefe de Gabinete Marcos Peña y del Ministro de Hacienda Dujovne – parece creer que

puede soslayar la aclaración de estos interrogantes apelando a los auto-elogios, las

expresiones suficientes y genéricas (Caputo habló de un gran logro y también de un gol

de media cancha), a evasión de los temas de fondo vía referencias marginales o

periféricas al contenido concreto de las operaciones concertadas y a evasión de las

debidas explicaciones técnico-financieras del caso.

La síntesis de la operación de colocación del Bono 2117 es preocupante:

1. Un título público a 100 años sin demostración alguna de capacidad de repago y sin

respaldo legal específico, lo que equivale a un régimen de Bono Perpetuo, aunque

con el agravante adicional que el pago de los servicios de intereses no deja sin

efecto la devolución del principal al vencimiento.

2. Un monto de 2.750 Millones de Dólares (MD) colocado bajo la par - al 90 % de su

valor, lo que representa un ingreso neto de 2.475 MD – y a una tasa de rendimiento

récord mundial del 8 % anual (7.93).

3. Una operación realizada por Contratación Directa con cuatro grandes bancos

internacionales que revestirían una condición poco clara de Bancos

Agente/Colocadores y compradores del bono a la vez.

Las declaraciones de los funcionarios macristas no aportan claridad ni transparencia a lo

actuado sino, por el contrario, imprecisiones e inconsistencias:

a) Los funcionarios dicen que la Argentina se endeuda a tasas de interés bajas

cuando nuestro país está colocando la deuda a largo plazo más cara del mundo (8

% anual).

b) Se sostiene que colocar deuda a 100 años es un supuesto logro porque expresa un

signo de confianza de los mercados hacia la Argentina pero prestarle al 8 %

durante un siglo – cuando se trata de la tasa más alta entre los países que han

colocado deuda bajo este régimen (Bélgica, Irlanda, China, México) y por el doble o

triple de su porcentaje – no es precisamente una expresión de tal confianza.

c) El ministro Caputo añade – sin aportar información desagregada en este punto -

que el gobierno está colocando deuda “a las tasas más bajas de la historia

argentina” cuando la tasa del bono a 100 años duplica la tasa promedio ponderada

de toda la deuda en dólares hoy existente, que es del 4.08 %; dándose el hecho,

por otra parte, que gran parte de la deuda que determina este nivel de tasa es

producto de su política de conversión de Deuda intra-Estado en nueva Deuda

Externa.

d) El gobierno Macri esgrime que las ofertas que dice haber recibido por el Bono 2117

totalizaron 9.750 MD, de las que se aceptaron 2.750 - que en realidad lo fueron por

2.475 MD porque los bonos fueron colocados al 90 % - de modo que la relación

entre lo ofrecido y lo aceptado habría sido así de casi 4 a 1. Pero si fuese cierto

que a la Argentina le sobraban las ofertas de compra no se entiende por qué haber

colocado el bono un 10 % bajo la par.

e) Igualmente, el ministro Caputo dice que la emisión del bono se hizo para

aprovechar la oportunidad de las buenas condiciones del mercado internacional,

pero ello no se condice con la realidad de tomar deuda cara – prácticamente la

más alta del mundo - en un mercado global que hoy está barato.

f) El ministro Caputo, hablando de su supuesto “gran logro” por la colocación del

Bono 2117 dijo que “devolver 2.750 MD dentro de 100 años es equivalente a

devolver 100 MD hoy” (Infobae, 22.6) pero esto no está demostrado en ninguna

parte. Por el contrario, un trabajo elaborado días pasados por Javier Llorens, de

Córdoba, calcula que el Valor Actual o Valor Presente de la operación muestra

montos negativos, que van desde 7.800 MD (tomando la tasa de descuento de

Bélgica 2016, del 2.35 %) hasta menos 3.400 MD (tomando la tasa de México 2010

del 5.75 %). Incluso tomando la tasa promedio en dólares de la Argentina (4.08 %)

este Valor Actual negativo de los pagos futuros resulta de 4.800 MD (y el Valor

Actual Neto – si se deduce el importe del préstamo recibido – queda en menos

2.300 MD). Es decir que – según lo demuestra Llorens – con cualquier tasa de

descuento que se tome el Valor Actual Neto arroja millonarias pérdidas para la

Argentina (Ver Striptease del Poder, Junio de 2017).

g) El gobierno Macri – en el contexto de su Política de Gobernar con Deuda – sigue

sin ofrecer la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las

obligaciones financieras que sigue contrayendo en gran escala mientras aumenta

vertiginosamente el stock de la deuda impagable del Estado: 35.000 Millones de

Dólares (MD) el año pasado y otros 38.000 MD en el 2017 según lo previsto en el

Presupuesto aprobado por el Congreso.

En síntesis, la administración Macri está engañando y confundiendo muy seriamente a la

opinión pública en relación a la naturaleza, características y alcance de la colocación del

bono a 100 años de plazo, con consecuencias imprevisibles para las finanzas del Estado

Argentino.

LA LÓGICA DE LA OPERACIÓN

El Bono 2117 está diseñado a través de una compleja ingeniería jurídico-financiera cuyo

sentido no queda totalmente claro:

a) La operación fue concertada por contratación directa con un grupo de cuatro

bancos colocadores de bonos: los bancos Citigroup y HSBC, en su carácter de

Agentes de Estructuración y Colocación Conjuntos (que son las dos entidades

principales) y los bancos Santander y Nomura, como co-agentes o entes

secundarios; sin que se conozca si existió una compulsa previa de ofertas o se

trató de un ofrecimiento de estas entidades aceptado por el gobierno Macri.

b) Estos bancos, empero, son a la vez Compradores Iniciales de los bonos que emite

la Argentina: 1.237.5 MD cada uno los dos principales y 137.5 MD cada uno los

dos secundarios. En total: los 2.750 MD a valor nominal de la operación.

c) Como los bonos se venden con un 10 % de descuento por ser colocación bajo la

par, lo que el Estado Argentino recibe es 2.475 MD (2.750 x 0.9), que restándole

los gastos conocidos quedarían reducidos más exactamente a 2.472 MD.

d) Estos bonos devengarán entonces un rendimiento para los acreedores superior a

la tasa de interés nominal del 7.125 %, que será del 7.93, prácticamente el 8 %

anual, lo que significa que en el término de 100 años la Argentina pagará en total

unos 20.000 MD de intereses (19.600) sobre un capital prestado de 2.750 MD (que,

en realidad, son 2.475). Esto es, una relación de 8 a 1 entre intereses y principal

(19.600/2.475 = 7.92).

e) A los efectos que los bancos compradores puedan revender estos bonos en el

mercado el gobierno argentino asume la obligación de registrarlos en la SEC -

Comisión de Valores norteamericana – para que los mismos puedan ser

comercializados en la plaza de Nueva York y admitidos en el régimen internacional

de transferencias de Euroclear y Clearstream; y lo hace sujeto a severas

penalidades (un recargo de hasta el 0.75 % en la tasa de interés) e

indemnizaciones en caso de incumplimiento de tal compromiso.

f) La Resolución 97-E/2017 - por el artículo 5 – reconoce a estos bancos colocadores

una comisión del 0.12 % sobre el monto total del capital de los bonos pero ello no

tendría sentido por tratarse de una venta directa de los títulos para que luego los

bancos tomadores los comercialicen por su cuenta.

g) El gobierno contrata además como Fiduciario y Agente de Pago a The Bank of New

York Mellon (el mismo que intervino en su condición de tal bajo la administración

Kirchner desde el Megacanje 2005-2010).

h) Asimismo, el gobierno Macri mantiene como Asesor Legal en Estados Unidos al

estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, de Nueva York (el mismo que – desde

la época del Plan Brady 1992-1993, época Menem-Cavallo – también mantuvo la

administración Kirchner hasta fin de su mandato).

i) Además, se agregan como Coordinadores conjuntos en la recepción de Ofertas el

estudio Shearman & Sterling, de Nueva York, para los trámites en Estados Unidos,

y el estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi, de Buenos Aires, para los

trámites en la Argentina.

Todos estos intervinientes en la operación forman parte de lo que normalmente cabe

denominar el Club de la Deuda: el conjunto múltiple e interrelacionado de entidades

privadas que viven y/u obtienen importantes beneficios financieros merced a la colocación

sistemática de Deuda Pública.

El gobierno Macri debiera explicar en forma clara y concreta cuál es la lógica de la

operatoria armada en torno a su bono a 100 años.

LA CUESTIÓN DE LA LEGALIDAD

La Resolución 97-E/2017 da por sentada la legalidad de la operación de colocación del

bono a 100 años en función del artículo 34 de la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 y éste

en consonancia con el artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera del

Estado, que establece que toda colocación de Deuda Pública debe hacerse autorizada

por ley del Congreso.

Pero ello – como ya lo hemos dicho en nuestro trabajo anterior – carece de verdadero

respaldo por falta aprobación específica y, a la vez, por total carencia de razonabilidad.

El artículo 34 – en su párrafo final – dice que el Ministerio de Finanzas podrá efectuar

modificaciones a las características detalladas en la planilla adjunta que detalla los

montos, especificaciones y destino de las operaciones de crédito público (de lo que

deberá informar al Congreso dentro de los 30 días de efectivizada cada operación), pero

dicha planilla no permite la concertación de operaciones de endeudamiento a más de

cuatro años de plazo.

Que el Ejecutivo utilice este párrafo del artículo como subterfugio de la colocación de

deuda a 100 años de plazo constituye no sólo una interpretación carente de toda

razonabilidad y un manifiesto abuso de interpretación de la Ley de Presupuesto sino, a la

vez, una demostración de mala fe y extralimitación en sus facultades que transforma esta

operación en deuda irregular y/o ilegítima porque viola la letra y el sentido del artículo 4 de

la Ley 24.156, que dice:

- En el enunciado del artículo: Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deben tenerse

presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:

- En el inciso a): Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera,

legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los

recursos públicos; (el subrayado es nuestro).

- En el inciso b): Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación

de los recursos del sector público nacional;

- En el inciso d): Establecer como responsabilidad propia de la administración

superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, la implantación y

mantenimiento de: ... (dos cosas)

- En el artículo 4 d): ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo,

financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo

la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna;

- En el mismo artículo 4 d): iii) Procedimientos adecuados que aseguren la

conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación

de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es

responsable la jurisdicción o entidad.

En función de estos requisitos fijados expresamente por la Ley 24.156 de Administración

Financiera del Estado: ¿cómo se inserta el razonamiento y la justificación del

comportamiento del gobierno al introducir unilateralmente modificaciones tan importantes

sobre el presupuesto del Ejercicio 2017 sin más trámite que apelar a una interpretación

irrestricta del artículo 34?

No se trata aquí de cambios menores o de forma sino de variaciones sustanciales que

alteran la naturaleza del endeudamiento oficial: la asunción de un criterio tal de

discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo en las modificaciones del Presupuesto

equivale a tomarlo como un cheque en blanco para hacer cualquier cosa.

Esto constituye una burla abierta a la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 del Congreso y

una transgresión al espíritu y la letra de la Ley 24.156 de Administración Financiera del

Estado; y que los legisladores nacionales – si se precian de tales – no debieran permitir.

Caso contrario, en el futuro bastaría que las leyes de presupuesto se limiten a consignar

una cifra global dejándole abierta a los gobiernos de turno la posibilidad que hagan

cualquier cosa, sin limitaciones de ninguna clase.

Frente a la seriedad de esta cuestión planteada y por elementales razones de

transparencia deviene más que necesario conocer especialmente los términos de las

opiniones vertidas por la presidencia del Banco Central (BCRA, según el artículo 61 de la

Ley 24.156), de la Procuración del Tesoro de la Nación y del Servicio Jurídico competente

en esta materia (según la Resolución 97-E/2017).

Por eso reiteramos nuestra advertencia de que una operación de endeudamiento público

que esté incursa en este tipo de irregularidades entra en los términos del artículo 66 de la

Ley 24.156, que dice que: Las operaciones de crédito público realizadas en contravención

a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la

responsabilidad personal de quienes las realicen.

Y agrega, en su segundo párrafo, que: Las obligaciones que se derivan de las mismas no

serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del

sector público nacional.

Expresado con otras palabras: estamos diciendo que las irregularidades que conlleva la

toma de deuda a 100 años y en estas condiciones compromete gravemente a la

administración macrista y la expone con fundamento a que tales obligaciones sean

declaradas nulas.

Por ende, la colocación del bono a 100 años de plazo debe ser revisada por el Congreso,

investigada con urgencia por la Auditoría General de la Nación y quedar en suspenso

hasta tanto el gobierno Macri no sea expresamente autorizado por el Congreso para

contraer las obligaciones que de dicha operación se deriven para el Estado Argentino.

UN AGRAVANTE JURÍDICO

Como complemento de todo lo dicho hasta ahora, es pertinente agregar que hay aquí un

aspecto particular muy importante dentro de la operatoria jurídico-financiera del bono a

100 años sobre el que aparentemente no se ha reparado y es el precedente legal que los

documentos firmados implican para este caso y para la deuda externa argentina en

general.

El volumen de la documentación parcial disponible y la falta de tiempo suficiente como

para poder analizarla de inmediato hacen que no sea posible detenerse en todos los

detalles del caso pero hay algunos puntos concretos que ameritan advertirse de

inmediato.

En el Anexo II, que contiene la información del prospecto del Bono 2117 – páginas 40/41

– se estipulan una serie de hechos que constituirán incumplimiento (default) de los

nuevos bonos y que – textualmente - son los siguientes:

1. Falta de Pago. Si la República no cumple con cualquier pago de capital e intereses

respecto de los Bonos a su vencimiento y dicho incumplimiento continúa por más

de 30 días;

Esto es, que con esta cláusula la Argentina se somete a un régimen muy estricto

por riesgo de default.

2. Incumplimiento de otras obligaciones. Si la República no cumple con cualquier otra

obligación conforme a los Bonos o el Contrato de Fideicomiso ...;

Esto es, que a los condicionamientos directos se le agregan los indirectos.

3. Incumplimiento Cruzado. Si se produce cualquier hecho o situación que resulta en

la aceleración del vencimiento de cualquier deuda pública externa en situación de

pago normal de la República por un monto total de capital de 50 MD (o su

equivalente en otras monedas) ...;

Ésta es, en principio, probablemente la condición más peligrosa porque expone al

país a la unificación de los requisitos de cumplimiento de las obligaciones externas

en su conjunto.

4. Moratoria. Si la República declara una moratoria respecto del pago del capital o

intereses de su deuda pública externa en situación de pago normal y dicha

moratoria no excluye expresamente a los Bonos;

Esto es, que se configura un tratamiento especial del Bono 2117 o se incurre en

una exposición equivalente a la del punto anterior.

5. Validez. Si la República impugna la validez de los Bonos.

Esto último significa que se estaría reconociendo la inmutabilidad de la situación

del Bono aunque la Argentina tuviese motivos para impugnarlo.

Este punto es particularmente problemático incluso en caso que por cualquier

razón debidamente fundada quedase sin efecto esta operación de deuda por el

Bono 2117.

Pese a su importancia y gravedad – y también a sus implicancias - el gobierno Macri

soslaya informar en forma directa sobre los verdaderos alcances de este tipo de

condicionamientos (que son sólo una parte del paquete de documentos firmados por el

Ministerio de Finanzas invocando la autorización del Congreso).

La administración Macri acentúa así el compromiso del país a través de un paquete de

cláusulas legales – relacionadas entre sí como una verdadera telaraña – que van desde la

prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros a la renuncia a oponer la inmunidad

soberana (exceptuando las reservas mínimas de rigor), y desde la cláusula pari passu a la

de incumplimiento cruzado de todas las obligaciones externas.

Tales condiciones, asumidas por un Estado que no tiene liquidez ni solvencia fiscal

demostrada frente a las obligaciones que se siguen incorporando con total

irresponsabilidad financiera dejan a la Argentina en las peores condiciones posibles de

exposición jurídica para la defensa de sus intereses nacionales.

Con el agravante que ahora este tipo de cláusulas comprometen a nuestro país por 100

años y, peor aún, extienden su condicionalidad no sólo al Bono 2117 sino a todos los

títulos de la Deuda Externa Pública.

No puede descartarse que una de las finalidades encubiertas del bono a 100 años sea

esta firma de condiciones cruzadas que encadenen de tal manera toda la deuda exterior

de la Argentina por un siglo.

El hecho que la administración Macri cometa con el bono a 100 años este verdadero

despropósito financiero y jurídico - dentro del ya insoluble problema de la deuda pública

perpetua en que está metida la Argentina - y que además se exponga a hacerlo en un año

electoral, a pocos meses de los comicios, denota no sólo su grado de desubicación

política sino además la verdadera gravedad de la crisis de Deuda que vive el país y la

patética situación financiera fiscal que explica tal nivel de servidumbre macrista ante el

poder de la Banca Internacional que lo sostiene.